En España, quien compra por internet puede disponer de un plazo ampliado para desistir de la compra si el vendedor no le informa de ese derecho antes de cerrar el contrato. La extensión puede llegar a 12 meses después de que termine el plazo inicial, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La regla se aplica a contratos a distancia y a los celebrados fuera de un establecimiento comercial. Antes de formalizar la compra, la empresa debe explicar si existe el derecho de desistimiento, cuánto dura el plazo, cómo ejercerlo y quién paga los gastos de devolución cuando corresponda. La norma general establece 14 días naturales, aunque el plazo inicial puede variar según el contrato.
El cómputo de esos 12 meses no empieza necesariamente el día de la compra: la ley los cuenta desde el vencimiento del periodo inicial. Por eso, la ampliación no equivale a un permiso para devolver cualquier producto sin condiciones; se refiere al ejercicio del derecho de desistimiento cuando no se facilitó la información exigida.
Qué ocurre si la tienda informa después
Si la empresa comunica la información omitida dentro de esos 12 meses, el consumidor cuenta con 14 días naturales desde que la recibe para desistir. En los supuestos previstos por la ley, ese plazo puede ser de 30 días. El BOE recoge esta regla en el artículo 105.
La extensión depende de que la información sobre el derecho no se haya facilitado. La ley contempla esa omisión, pero determinar si una comunicación concreta cumplió con el deber de informar puede depender de las circunstancias de la compra.
