El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Pennsylvania State University (Penn State) por su política de matrícula estatal para algunos estudiantes indocumentados. La acción, presentada el 5 de noviembre, busca impedir que la universidad aplique esa tarifa y que adopte políticas similares en el futuro.
La demanda sostiene que el beneficio discrimina a ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Pensilvania, ya que ellos no pueden acceder a la misma tarifa reducida. El argumento es la posición del Gobierno en el caso y no una decisión judicial sobre la legalidad de la política.
El Departamento de Justicia pide a un tribunal que prohíba a Penn State mantener la medida. También solicita que la universidad no establezca nuevas políticas que, según la demanda, otorguen ventajas de matrícula a estudiantes indocumentados frente a ciudadanos estadounidenses. El anuncio del Departamento de Justicia describe la acción como parte de sus impugnaciones a este tipo de beneficios.
Quiénes pueden optar a la tarifa
Según la información de Penn State citada en la cobertura del caso, los estudiantes indocumentados, tengan o no estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pueden ser elegibles si cumplen ciertos requisitos de residencia. Entre ellos figuran haber asistido durante al menos cuatro años a una escuela secundaria acreditada de Pensilvania y haberse graduado allí, o haber obtenido un certificado de equivalencia de educación secundaria del estado.
El Departamento de Justicia afirma que esta es su demanda número 27 relacionada con tarifas estatales para estudiantes indocumentados. La cobertura del caso también señala que el Gobierno ha obtenido órdenes favorables en seis litigios anteriores, en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Illinois y Kansas.
