La administración de Donald Trump ha adoptado una estrategia innovadora para deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales a terceros países, distintos a sus países de origen. Esta táctica ha sido posible gracias a acuerdos internacionales negociados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Secretaría de Estado.
Limitaciones legales y diplomáticas en deportaciones tradicionales
Las leyes internacionales prohíben la deportación a países donde el individuo pueda enfrentar persecución por motivos de raza, religión o política. Además, varios países rehusan recibir a sus ciudadanos criminales o no mantienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, complicando la repatriación directa.
Acuerdos con terceros países para acelerar deportaciones
El gobierno ha establecido alrededor de 30 acuerdos con países dispuestos a acoger a estos extranjeros indeseados. Ejemplos incluyen deportaciones exitosas hacia Sudán del Sur y Eswatini, donde fueron enviados delincuentes condenados por delitos graves como asesinato y agresión sexual.
Respuesta judicial y política
Organizaciones como la ACLU llevaron adelante litigios para impedir estas deportaciones a terceros países, citando derechos bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, la Corte Suprema ha respaldado la legalidad de estas remociones en espera de argumentos futuros.
Efectos y perspectivas de la medida
El uso de terceros países para deportar criminales ha permitido sobrepasar limitaciones de tiempo en detención y evitar la liberación de peligrosos inmigrantes en EE.UU. Esta práctica puede funcionar también como medida disuasiva para la inmigración ilegal.
