La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó el martes una orden judicial que frena al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que no comparta datos personales, incluidos domicilios fiscales, con la agencia de inmigración ICE.
Violaciones legales en el intercambio de información
El tribunal falló que la política del gobierno anterior de Donald Trump fue ilegal porque no cumplió con las exigencias de la ley federal que protege la confidencialidad de la información fiscal, una normativa implementada tras el escándalo de Watergate para restringir el intercambio de datos tributarios con otras agencias federales.
En particular, el IRS había divulgado datos para responder a solicitudes de ICE que buscaban las últimas direcciones conocidas de 1.28 millones de contribuyentes considerados presuntos migrantes en situación irregular.
Procedimientos inadecuados y alcance del problema
El tribunal señaló que el IRS no garantizó que ICE cumpliera los requisitos legales para solicitar información fiscal sensible. Por ejemplo, ICE no necesitaba justificar con un motivo específico por qué la información era relevante para alguna investigación ni identificar a un funcionario federal directamente involucrado en un caso particular. En muchos casos, ICE utilizó un solo punto de contacto para todas las solicitudes, automatizando así el acceso a millones de registros sin supervisión adecuada.
Debido a esta política, el IRS compartió alrededor de 47,000 registros con ICE antes de que un juez de primera instancia bloquease la práctica por considerarla ilegal.
Respuesta y futuro legal
Aunque la administración apeló la decisión aduciendo que obstaculizaba la aplicación de la ley federal, la jueza Cornelia Pillard afirmó en la sentencia que la responsabilidad para modificar esta situación recae en el Congreso, no en el sistema judicial.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional expresó que no está de acuerdo con el fallo y que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para localizar y deportar a inmigrantes que tengan órdenes finales de expulsión.
