Un exalto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Lukman Owolabi Ganiyu, junto con su cómplice Adeniyi Akeem Somoye, fueron detenidos y enfrentan cargos federales por su presunta participación en un esquema de sobornos por casi 960,000 dólares.
Detalles del caso y modus operandi
Las autoridades federales del Distrito Norte de Texas informaron que entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, los acusados habrían recibido pagos ilegales para manipular y agilizar aplicaciones migratorias, incluyendo casos de ciudadanía.
El esquema implicaba saltarse procedimientos legales establecidos, como revisiones de antecedentes penales, entrevistas y protocolos estándar del USCIS, para favorecer a quienes entregaban sobornos a Ganiyu.
Manipulación de sistemas y aceleración de trámites
Según la acusación, Ganiyu modificó sistemas internos para dar prioridad a estas solicitudes a cambio de dinero. También agilizó su propia ciudadanía antes de aprobar las peticiones de residencia para la esposa e hijo de Somoye, quien actuaba como intermediario financiero.
Los casos manipulados provenían principalmente de solicitantes originarios de países africanos y fueron procesados desde oficinas del USCIS en Minneapolis, Charlotte y Houston, donde Ganiyu rechazaba la supervisión local para aprobar personalmente las solicitudes.
Transferencias y comunicaciones probatorias
Investigadores hallaron extensos registros en WhatsApp entre los acusados y las personas beneficiadas, con miles de mensajes y cientos de llamadas.
Ganiyu habría recibido aproximadamente 671,438 dólares mediante Zelle y Cash App, además de 287,830 dólares en efectivo para ocultar el origen de los fondos. Somoye procesó alrededor de 1.7 millones de dólares en transferencias y depósitos en efectivo vinculados a estas operaciones.
Consecuencias legales y declaración oficial
Ambos enfrentan cargos por conspiración para recibir gratificaciones ilegales y podrían ser condenados hasta a cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares. Ganiyu renunció al USCIS en marzo, alegando motivos personales meses antes de ser arrestado.
El fiscal federal Ryan Raybould declaró que vender beneficios migratorios es un abuso flagrante de la confianza pública, y aseguró que actuarán de inmediato ante cualquier funcionario que ponga precio al estatus legal.
