Detenido inmigrante ilegal por operar embarcación sobrecargada que naufragó cerca de Liberty Island

Arresto de inmigrante ilegal tras fatal naufragio en Nueva York

Manuel Hernández, de 46 años y nacional de El Salvador, fue detenido por agentes de inmigración luego de que se confirmara que estaba en Estados Unidos de manera ilegal. Hernández es acusado de operar un tour en barco sin licencia que terminó en tragedia cerca de Liberty Island, donde murieron una mujer de 27 años y su hija de 5 meses.

Cargos federales y circunstancias del incidente

Tras una investigación de la Guardia Costera, Hernández fue imputado inicialmente en Nueva York por 13 cargos de conducta temeraria. A nivel federal, enfrenta dos cargos por negligencia y mala conducta como oficial de la embarcación relacionada con el accidente del 8 de agosto en el puerto de Nueva York.

Se alega que Hernández operaba un bote Yamaha AR210 con 14 personas a bordo, excediendo la capacidad legal máxima de 10 pasajeros. Además, permitió que el bebé viajara sin chaleco salvavidas adecuado, a pesar de haber sido consultado sobre esta medida de seguridad.

Antecedentes migratorios y actividad irregular

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Hernández ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Texas en 2007, tras declararse falsamente ciudadano estadounidense en su entrada. También admitió haber pilotado al menos dos tours pagados con embarcaciones no autorizadas y carecer de las credenciales necesarias para transportar pasajeros.

Detalles del accidente y consecuencias

En declaraciones a las autoridades, Hernández explicó que realizó una maniobra de giro en oleaje provocado probablemente por la estela de un barco mayor, lo que causó que su embarcación volcara. Once personas sobrevivieron; la madre y el bebé fueron recuperados sin vida y murieron en un hospital de Brooklyn.

El fiscal federal Jamie McDonald destacó el incumplimiento sistemático de normas de seguridad y licencias para llevar pasajeros de forma comercial. Cada cargo que enfrenta Hernández implica hasta 10 años de prisión. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que tras enfrentar la justicia, será deportado del país.


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