El Congreso de los Diputados se encuentra en pleno proceso de votación de dos Reales Decretos-ley encaminados a regular aspectos esenciales del mercado de la vivienda. Estas medidas, impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez, pretenden establecer una moratoria antidesahucios, limitar al 2% la actualización de rentas y combatir el fraude en alquileres temporales.
División en el Congreso sobre los decretos
Los decretos fueron divididos en dos paquetes distintos para facilitar su aprobación. Mientras el primero aborda limitaciones al aumento de rentas y protecciones para inquilinos vulnerables, el segundo incluye prórrogas extraordinarias de contratos y recargos del IBI para viviendas vacías o turísticas.
El bloque favorable a las iniciativas está conformado por el PSOE, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y en parte PNV y Coalición Canaria, aunque estos últimos rechazan el segundo decreto. En contrario, PP, Vox, UPN y también PNV y Coalición Canaria en el segundo texto, se oponen firmemente. La formación Junts per Catalunya ocupa un papel decisivo, pues su abstención posibilitaría el pase del primer decreto.
Mayoría simple y posibilidad de enmiendas
Para que los decretos se convaliden es necesario obtener mayoría simple: más votos a favor que en contra entre los diputados presentes. El número de abstenciones puede reducir el umbral de aprobación, por lo que las estrategias parlamentarias resultan cruciales.
En caso de aprobación, los decretos adquieren carácter definitivo y pueden tramitarse como proyectos de ley bajo procedimiento de urgencia para incluir posibles modificaciones antes de convertirse en norma permanente.
Consecuencias en la regulación del alquiler
La convalidación de estas normas impactaría directamente en los contratos de vivienda en alquiler, estableciendo límites claros en la actualización de rentas e imponiendo medidas contra los desahucios relacionados con personas vulnerables.
Simultáneamente, la norma apunta a combatir el uso especulativo del parque de viviendas destinadas al alquiler turístico o vacías, con recargos fiscales que buscan incentivar su disponibilidad en el mercado residencial.
