El Gobierno español ha oficializado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el primer decreto sobre vivienda, aprobado recientemente para aliviar la grave crisis habitacional que afecta al país. Este decreto incorpora varias iniciativas enfocadas en proteger a los inquilinos y controlar el mercado de alquiler.
Protección ampliada contra desahucios para personas vulnerables
Una de las medidas clave es la extensión hasta 2030 de la protección frente a desahucios para personas vulnerables que no cuentan con una alternativa habitacional. Así, se impide la ejecución de desalojos sin ofrecer una solución de vivienda.
Regulación del alquiler temporal y de habitaciones
El decreto establece que los contratos de alquiler temporal tendrán una duración máxima de doce meses y deben justificar su temporalidad; de no hacerlo, se considerarán contratos de vivienda habitual, con todas sus garantías. Además, los alquileres de habitaciones pasan a estar regulados, y la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el tope fijado para viviendas completas. Los inquilinos de habitaciones contarán con las mismas protecciones que los que alquilan viviendas enteras.
Controles en subidas de renta y compra por fondos buitre
Se congela cualquier aumento de alquiler por encima del índice de Vivienda, fijándolo en 0%. Por otro lado, queda prohibida la compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028 cuando esta sea por debajo del valor de mercado o destinada a un lucro inmediato.
Medidas fiscales y prórrogas en contratos
Asimismo, el decreto incluye la prórroga automática por dos años de los contratos de alquiler vigentes que finalicen antes de diciembre de 2028. Se aplicará un IVA del 21% a los pisos turísticos y se establecen incentivos fiscales para propietarios que reduzcan la renta y para inquilinos de bajos ingresos. También se incrementa la fiscalidad para las socimi, elevando del 15% al 25% los impuestos sobre beneficios no distribuidos.
Instrumentos para ayuntamientos
Los municipios podrán cobrar hasta el doble de IBI a viviendas que permanezcan cerradas por más de tres años, con el objetivo de incentivar su uso o ponerlas en el mercado.
Estas medidas buscan ofrecer un marco regulatorio más protector para los inquilinos y limitar la especulación en el mercado de vivienda en España.
