El Consejo de Ministros de España aprobará el 8 de septiembre un Real Decreto que obliga a las empresas a justificar los periodos de prueba superiores a seis meses en los contratos laborales. Esta medida pretende frenar el llamado ‘despido fácil’ durante el periodo de prueba y cumplir con una directiva europea retrasada desde 2019.
Obligaciones para las empresas
Las empresas deberán especificar y argumentar las razones que justifican una duración mayor a seis meses del periodo de prueba. Esta extensión solo será válida cuando existan circunstancias objetivas relacionadas con las características del puesto o la naturaleza de la actividad. Además, se debe detallar la duración, los motivos y las circunstancias que hacen necesaria la ampliación.
Protección para trabajadores y adaptación a la normativa europea
La reforma protege a los empleados frente a periodos de prueba excesivamente largos y pretende impedir que las empresas usen esta etapa como un mecanismo para contratar con menos garantías. España adapta así su legislación laboral a la Directiva (UE) 2019/1152, que busca condiciones laborales transparentes y previsibles.
Impacto en sectores con contratos prolongados
Esta medida se espera que tenga un efecto importante en sectores donde los periodos de prueba extensos son habituales. Las compañías tendrán que demostrar que la duración adicional responde a necesidades reales, aumentando la seguridad jurídica de los trabajadores y limitando la utilización abusiva del periodo de prueba.
