La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos invalidó la restricción de Nueva Jersey que prohibía el uso de rifles semiautomáticos y cargadores con capacidad superior a 10 balas. La decisión, emitida el 17 de julio de 2026, representa un revés importante para las leyes estatales de control de armas y un triunfo para defensores de la posesión armada.
Detalles del fallo y su impacto
El tribunal declaró que la prohibición viola la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a poseer y portar armas. La sentencia rechaza la legislación estatal sobre armas de asalto y cargadores de alta capacidad, ampliando un fallo previo que solo cubría el rifle modelo AR-15. Con esta resolución, se invalidan las restricciones para toda la categoría de rifles semiautomáticos y los dispositivos de almacenamiento de munición con más de 10 proyectiles.
La jueza Arianna Freeman, nombrada por la administración Biden, explicó que las decisiones previas del Tribunal Supremo requieren que las restricciones a las armas se ajusten a las tradiciones históricas estadounidenses, criterio que Nueva Jersey no pudo cumplir.
Reacciones y consecuencias
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) calificó este fallo como una “victoria histórica” y un refuerzo para los derechos de millones de propietarios legales de armas en el estado y el país. Según Justin Davis, director de asuntos públicos de la NRA, el fallo respalda la idea de que el derecho a portar armas, incluidos rifles comunes y cargadores estándar, es fundamental y no puede ser limitado arbitrariamente por los gobiernos.
El veto original a estas armas fue impuesto en 1990 tras un tiroteo escolar en California, bajo la premisa de que esos rifles eran “armas capaces de causar destrucción masiva”. Sin embargo, el tribunal no encontró evidencia suficiente que justifique la restricción contemporánea desde una perspectiva constitucional.
Disenso judicial y postura contraria
Aunque la mayoría de jueces dictaminó en favor de la destitución de la ley, algunos magistrados expresaron su desacuerdo señalando que las armas prohibidas representan un riesgo inusual por su estilo militar y que los estados tienen autoridad para regular su posesión para proteger la seguridad pública.
Este fallo se sitúa en un contexto de litigios continuos sobre los alcances del derecho a portar armas en EE. UU., y podría sentar precedente para revisar restricciones similares en otros estados.
