Entrada en vigor de controvertida ley china
El 1 de julio de 2026 entró en vigor la Ley de Promoción de la Unidad y Progreso Étnico, una normativa del Partido Comunista Chino (PCCh) que busca eliminar las diferencias culturales dentro de sus fronteras. La legislación prohíbe la enseñanza en lenguas maternas distintas al mandarín y castiga acciones como el rechazo al matrimonio entre minorías y la etnia Han.
Impacto sobre minorías y grupos disidentes
La ley no solo afecta a uigures, tibetanos, mongoles del sur y hongkoneses, sino también a practicantes de Falun Gong y comunidades interreligiosas que resisten la imposición estatal de una única ideología. Familias como la del activista que denunció los campos de concentración para uigures viven la represión personal, evidenciada por el encarcelamiento arbitrario de su hermana desde 2018.
Alcance extraterritorial y represalias internacionales
El artículo 63 establece que personas u organizaciones fuera de China que supongan un obstáculo a la «unidad étnica» serán perseguidas. Esto ha derivado en detenciones y presiones diplomáticas contra ciudadanos y académicos en países como Malasia y ha colocado bajo amenaza a activistas en Londres, Washington y Tokio.
Reacción global y advertencias de derechos humanos
Expertos en derechos humanos, la ONU y líderes democráticos han señalado que esta ley viola principios internacionales y soberanía estatal, alertando sobre su utilización para justificar la supresión de voces disidentes en el extranjero. Se insta a gobiernos democráticos a actuar colectivamente para proteger a sus ciudadanos y defender la libertad frente a esta expansión autoritaria.
