Florida prohíbe el uso de cámaras lectoras de matrículas en carreteras estatales

Fin de uso para cámaras lectoras en carreteras de Florida

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) emitió una orden para que las agencias policiales retiren las cámaras lectoras de matrículas (LPR) instaladas en carreteras estatales en el sur de Florida dentro de los próximos 30 días. En caso de incumplimiento, el departamento procederá a removerlas directamente.

Argumentos del gobierno contra las cámaras

El FDOT señaló que el aumento rápido de estas cámaras, junto con inquietudes sobre la privacidad de los datos y reportes sobre su uso inadecuado, justifican una acción inmediata para proteger la soberanía y calidad de vida de los habitantes del estado.

El gobernador Ron DeSantis expresó su postura: “Es correcto que la gente esté preocupada y se deben establecer protecciones, pero vigilar los movimientos de ciudadanos comunes de forma masiva y cómo se usan esos datos es un tema diferente.”

Respuesta de autoridades locales y cuerpo policial

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, mostró su desacuerdo con la decisión. En una carta dirigida a las autoridades estatales, solicitó mantener activas las LPR, pero bajo regulaciones estrictas que garanticen la privacidad, argumentando que estas cámaras han contribuido a resolver crímenes en la ciudad.

Por su parte, el sheriff del condado Miami-Dade anunció que, por orden del gobernador y FDOT, apagarán las cámaras localizadas en carreteras estatales y suspenderán el programa del condado. Sin embargo, defendió la tecnología señalando que ha ayudado a capturar criminales y a proteger a menores desaparecidos.

Opiniones divididas sobre la tecnología y su impacto

Richard Díaz, abogado y ex detective, sostiene que el uso de lectoras de matrículas es una herramienta efectiva y no invasiva comparada con otras técnicas de vigilancia manual o electrónica. En cambio, Tiffany Hudson, activista de un grupo contra estas cámaras, advierte sobre riesgos constitucionales y abusos policiales, afirmando que los ciudadanos quedan registrados automáticamente en bases de datos, siendo “culpables hasta probar su inocencia”.


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