Más de 20 estados liderados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentaron una demanda contra una normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que amplia los criterios para que oficiales de inmigración determinen si un solicitante puede ser considerado una «carga pública» y, por ende, negar visas o residencias.
Ampliación de criterios para denegación basada en beneficios públicos
La norma, que entraría en vigor este viernes, permite a los oficiales considerar la recepción de ayudas como Medicaid, programas de nutrición suplementaria (SNAP) y programas escolares para decidir si un inmigrante probablemente dependerá de la asistencia gubernamental en el futuro.
La demanda argumenta que esta regla castiga el uso legítimo de beneficios públicos y genera temor en familias inmigrantes para interactuar con el gobierno. También alertan que esta disposición pondría en riesgo miles de millones de dólares en fondos federales debido a la disminución de participación en programas sociales.
Discrecionalidad amplia y falta de definición clara
Expertos indican que la regla elimina definiciones claras sobre quién califica como carga pública, dejando la decisión a la interpretación de cada oficial. Esto crea inseguridad legal para solicitantes y sus abogados, quienes no pueden predecir cómo afectará esta evaluación a casos individuales.
Reacciones y contexto político
La fiscal James calificó la norma como una política de «crueldad» enfocada en desalentar a inmigrantes. Por su parte, el director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, David Bier, señaló que la regla no prohíbe el uso de beneficios, sino que se basa en una estimación probabilística de dependencia futura, lo que aumentará denegaciones arbitrarias incluso a personas autosuficientes.
Esta medida ocurre en un momento en el que la administración Trump intensifica las restricciones migratorias, afectando tanto la inmigración ilegal como las vías legales mediante aumentos de tarifas y límites para estudiantes y periodistas extranjeros.
Impacto para familias inmigrantes
Según análisis, los más afectados serán los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que buscan residencia legal, lo que podría causar separación familiar prolongada.
La regla revierte el enfoque de la administración Biden, que en 2022 restringió la consideración de beneficios a ayudas en efectivo específicas, como TANF y SSI. En contraste, la nueva norma elimina esta especificidad para incluir cualquier beneficio sujeto a prueba de ingresos.
