James Percival, consejero general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), respondió con firmeza a la reciente desestimación de una queja ética presentada por 128 exjueces en su contra ante la barra de abogados de Florida.
Percival cuestiona la legitimidad de la queja y a sus firmantes
La queja acusaba a Percival de violar normas éticas mediante ataques públicos contra jueces en funciones, particularmente tras su serie «Worst of the Worst Judges» (Peores de los Peores Jueces). Sin embargo, la barra rechazó investigar a Percival, alegando que no examina a funcionarios en ejercicio nombrados bajo la Constitución mientras estén activos.
Frente a ello, Percival señaló que los miembros activos de la barra que se sumaron a la queja podrían estar utilizando el proceso disciplinario con fines políticos, calificando la acción como «Bar-fare», un juego de palabras con «Lawfare» (guerra legal). También vinculó esta táctica a movimientos políticos previos donde figuras con autoridad profesional se usaron para frenar voces disidentes, como en la controversia sobre la laptop de Hunter Biden en 2020.
Cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial y respuesta a críticas
El foco de la queja eran cuatro jueces señalados en los escritos de Percival, a quienes acusó de desafiar decisiones de la Corte Suprema y de interferir judicialmente en casos relevantes para el DHS, incluidos temas migratorios y de políticas de uso de la fuerza.
Percival sostuvo que estos jueces activistas perjudican la credibilidad del sistema judicial y aprovechan sus fallos para retrasar acciones ejecutivas.
Reacción de la barra y sugerencia de continuar con la lucha política
La barra, representada por el abogado Christopher Wackes, explicó que no pueden intervenir en casos que pudieran interferir con autoridades federales en funciones. Asimismo, Percival interpretó la fuerte reacción a sus acciones como una señal de impacto y motivación para continuar.
Esta polémica pone en el centro el debate sobre el alcance y límites de la crítica pública de funcionarios legales hacia el poder judicial y la posible instrumentalización política de procesos éticos en Florida.
