El alcalde de Knox County, Tennessee, Glenn Jacobs, pidió una suspensión nacional en la expansión de cámaras de vigilancia de la empresa Flock Safety. Esta demanda responde a preocupaciones sobre la falta de protección constitucional, privacidad y riesgos en la seguridad que acompaña a esta tecnología.
Cuestionamientos sobre el marco regulatorio y constitucional
Jacobs afirmó que, aunque la policía debe contar con herramientas tecnológicas para resolver delitos, las cámaras Flock Safety superan la función tradicional de lectores automáticos de placas y deben limitarse hasta que exista una regulación moderna y específica que proteja derechos fundamentales.
El alcalde mencionó que las leyes estatales relacionadas con lectores de placas datan de 2014, con una actualización menor en 2021, pero la tecnología ha avanzado considerablemente desde entonces. Según Jacobs, se han reportado múltiples casos de abuso con estas cámaras, y actualmente no hay normas federales que controlen su uso.
Expansión masiva de la tecnología y debates en otros estados
Flock Safety se ha popularizado rápidamente entre agencias policiales, municipios y empresas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) calcula que existen entre 80,000 y 100,000 cámaras desplegadas en el país, presentes en más de 6,000 comunidades y utilizadas por más de 5,000 cuerpos policiales.
La empresa asegura que los datos recolectados se eliminan automáticamente después de 30 días, a menos que la autoridad establezca otro periodo. Sin embargo, legisladores en estados como Virginia Occidental han planteado prohibiciones basadas en la posible violación de derechos constitucionales, específicamente la Cuarta Enmienda que protege contra registros arbitrarios.
Impacto y futuro de la vigilancia automatizada
El debate sobre el uso de la tecnología Flock Safety se extiende a múltiples estados, en donde la necesidad de balancear la vigilancia efectiva con la protección de la privacidad ciudadana genera tensiones políticas y legales. El llamado de Jacobs enfatiza la urgencia de establecer limitaciones claras y garantías legales antes de seguir ampliando esta forma de monitoreo.
