La Ley de Propiedad Horizontal permite actuar contra ruidos reiterados que perturben la convivencia en una comunidad. El artículo 7.2 regula la acción de cesación: primero se exige al responsable que ponga fin a la actividad y, si continúa, la comunidad puede autorizar una demanda ante los tribunales.
El precepto alcanza actividades prohibidas por los estatutos, perjudiciales para el inmueble o contrarias a las normas sobre actividades molestas, entre otras. La ley no establece en este artículo un límite específico de decibelios, por lo que no cualquier ruido basta por sí solo para iniciar esta vía.
Qué pasos prevé la ley
El presidente de la comunidad debe requerir formalmente al propietario u ocupante para que cese la conducta. Puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de un vecino afectado. Si las molestias persisten, la junta de propietarios debe autorizar la demanda; el requerimiento y el acuerdo deben acreditarse en el proceso.
Si el juez estima la demanda, puede ordenar el cese de la actividad y fijar una indemnización por los daños causados. En los casos más graves, la sentencia puede privar al propietario del uso de la vivienda o el local por un máximo de tres años. Si quien realiza la actividad no es el propietario, el juez puede extinguir sus derechos relativos al inmueble y ordenar su lanzamiento.
Para respaldar una reclamación, pueden resultar útiles los registros de las incidencias, los testimonios de otros vecinos, los avisos a la Policía Local y las mediciones acústicas. Un residente perjudicado también puede acudir a la vía judicial, aunque esa acción individual no es idéntica al procedimiento comunitario previsto en el artículo 7.2. El texto íntegro de la Ley de Propiedad Horizontal detalla los requisitos de la acción de cesación.
