Un juez federal desestimó el 2 de noviembre, sin perjuicio, la demanda del Gobierno de Donald Trump que buscaba obligar a Harvard a entregar registros individualizados de admisión. La decisión se basó en deficiencias procesales y no determinó si la universidad discriminó ni si debe entregar los datos solicitados.
El juez Myong J. Joun, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, concluyó que el Gobierno no demostró suficientemente haber cumplido los pasos requeridos antes de pedir la intervención judicial. La Administración puede presentar otra demanda si subsana esos problemas, pero el fallo no ordena que lo haga ni que Harvard entregue los documentos. La decisión judicial fue emitida tras una audiencia celebrada el 24 de septiembre.
El juez cuestionó los pasos previos a la demanda
La demanda, presentada por el Departamento de Justicia el 13 de febrero de 2026, formaba parte de una revisión federal sobre el uso de la raza en las admisiones universitarias, después del fallo de la Corte Suprema de 2023 que limitó esa práctica. El Gobierno buscaba información de postulantes, incluidos datos académicos y de raza o etnia, así como ensayos y resultados de admisión.
Joun señaló que la demanda no explicaba adecuadamente si Harvard había sido notificada de que enfrentaría un proceso judicial en caso de no cumplir, ni identificaba con suficiente precisión el incumplimiento que se le atribuía. También consideró que el Departamento de Educación no había acreditado debidamente sus propios pasos previos antes de remitir su investigación para ejecución judicial.
El Departamento de Justicia alegó que Harvard retrasó la entrega de documentos y no proporcionó registros individualizados pese a las solicitudes y prórrogas. La universidad sostuvo que había entregado materiales y objetó el alcance y la carga de los requerimientos. El fallo no resolvió esas diferencias ni la legalidad final de la solicitud.
Harvard también había planteado que la demanda formaba parte de una campaña de represalia por su resistencia a otras exigencias de la Administración. El juez no decidió esa acusación y aclaró que su resolución tampoco determina si la universidad incumplió las normas federales de derechos civiles. El Departamento de Justicia anunció la demanda en febrero.
