Usar un trastero como taller no está prohibido automáticamente en España. La comunidad de propietarios puede pedir que la actividad cese si vulnera los estatutos, causa daños al inmueble o encaja en las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas contempladas por el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.
La norma no establece que cualquier ruido ocasional o la presencia de herramientas baste por sí sola para cerrar el espacio. La situación debe valorarse según las características de la actividad y las reglas aplicables al edificio. La Ley de Propiedad Horizontal publicada en el BOE fija el marco para actuar cuando se da alguno de los supuestos previstos.
El procedimiento para exigir el cese
El primer paso corresponde al presidente de la comunidad, quien puede requerir al propietario u ocupante que detenga la actividad. El aviso debe advertir que, si continúa, podrían iniciarse acciones judiciales. Para presentar la demanda, la comunidad necesita autorización previa de la junta y debe aportar prueba del requerimiento y certificación del acuerdo.
Si el caso llega a los tribunales, un juez puede ordenar medidas cautelares. Una sentencia favorable a la comunidad puede imponer el cese definitivo y una indemnización; en función de la gravedad, también puede privar al infractor del uso de la vivienda o local por un máximo de tres años. Estas consecuencias no son automáticas por la mera oposición de los vecinos.
La explicación de AS sobre el uso de trasteros como talleres se refiere a la aplicación general de la ley, no a un conflicto concreto identificado. Por eso, el artículo 7.2 puede servir para reclamar cuando se acreditan las condiciones legales, pero no convierte cualquier actividad de reparación en un trastero en una infracción.
