Departamento de Estado evaluará compartir registros de pasaportes para verificar ciudadanía de votantes

El Departamento de Estado estudia cómo podría permitir que autoridades estatales y locales accedan a registros federales de pasaportes para verificar la ciudadanía de quienes están registrados para votar en las próximas elecciones intermedias de noviembre.

Objetivo y marco legal del plan

La iniciativa busca compartir información de forma que se protejan los datos personales, se prevenga el fraude y se mantenga la integridad de la ciudadanía estadounidense, según indicó un portavoz del departamento. Para ello, se plantea publicar un aviso en el Registro Federal que habilite el intercambio de datos entre agencias federales, entidades estatales, locales y organizaciones sin fines de lucro con el fin de corroborar la ciudadanía y la identidad en procesos vinculados al voto y a otros servicios públicos.

Relación con decisiones judiciales recientes

Esta propuesta coincide con un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió al Departamento de Seguridad Nacional compartir información para que gobiernos locales puedan verificar si los votantes registrados son ciudadanos estadounidenses.

Uso previo de registros federales y desafíos legales

Intentos previos del gobierno para validar la elegibilidad de votantes se basaron principalmente en datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional, pero varios de estos esfuerzos se vieron detenidos por impugnaciones judiciales. Actualmente, la propuesta de incluir registros de pasaportes se presenta dentro de un proceso regulatorio que podría anunciarse formalmente en octubre, en el contexto de una demanda presentada por el Comité de Campaña Senatorial Demócrata contra una orden ejecutiva sobre el voto por correo.

Implicaciones para las elecciones y controversias

Con esta medida se busca fortalecer las verificaciones de ciudadanía para evitar la inscripción indebida en las listas electorales, algo que ha sido objeto de debate político. La iniciativa podría afectar la administración de los procesos electorales en múltiples estados y tiene potencial para generar reacciones en distintos sectores políticos y sociales.


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