Un comité federal quedó empatado 8-8 sobre si retirar el estatus de acreditador principal a la American Bar Association (ABA), la entidad que ha monopolizado la acreditación de las escuelas de derecho de Estados Unidos por décadas. Ahora, la decisión recaerá en el subsecretario de Educación, Nicholas Kent, quien debe resolverla en un plazo máximo de 90 días.
Incumplimientos federales ponen en duda la independencia de la ABA
La National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity (NACIQI), que asesora al Departamento de Educación, encontró que la ABA incumplió con más de 26 criterios de reconocimiento federal. Uno de los principales problemas es que la estructura de la ABA no cumple con el requisito de independencia necesario para los acreditadores institucionales debido a su estrecha vinculación con la asociación profesional.
Jay Greene, presidente del comité, señaló que hubo consenso en que la falta de independencia es un problema grave, aunque surgió división sobre si la ABA estaba dispuesta o era capaz de corregirlo.
Defensa y críticas al papel de la American Bar Association
La presidenta del Consejo de Acreditación de la ABA, Melissa Hart, defendió la trayectoria de la asociación, destacando su reconocimiento continuo por parte del Departamento de Educación desde 1952 y asegurando su compromiso con la calidad en la acreditación de programas de derecho.
Sin embargo, grupos legales y expertos como Reed Rubinstein, vicepresidente de America First Legal, consideran que la estructura y recientes políticas de la ABA, incluida una norma sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI), han afectado su legitimidad para ser el principal regulador de la educación jurídica.
Implicaciones para las escuelas de derecho y el acceso a recursos federales
La ABA ha mantenido un control casi absoluto sobre la acreditación de aproximadamente 200 escuelas de derecho, requisito indispensable para que sus graduados puedan presentar el examen de abogacía y recibir ayuda financiera federal.
Si Kent decide anular el reconocimiento federal, se rompería este monopolio, obligando a varias escuelas independientes a buscar acreditaciones alternativas y presionando a los tribunales estatales para revisar sus normas de admisión.
Estados toman control sobre acreditación legal
Algunos estados ya han avanzado en esta dirección. Texas y Florida han eliminado la dependencia de la ABA, optando por criterios más objetivos y neutrales para acreditar escuelas de derecho. Ohio, Tennessee, Alabama y Washington también han propuesto o implementado acciones similares.
Estos movimientos buscan reducir costos, aumentar la accesibilidad y evitar mandatos ideológicos. Además, la autoridad para certificar y disciplinar abogados recaen en las cortes supremas estatales, lo que ha motivado un retorno de control sobre la educación legal hacia estas entidades.
