Probation officers entregan información a ICE sin verificación del estatus migratorio
En el condado de Canyon, al suroeste de Idaho, oficiales de libertad condicional han elaborado una lista de personas nacidas en el extranjero que se encuentran bajo supervisión, y la han entregado a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin haber comprobado si esas personas están en Estados Unidos de manera ilegal.
Coordinación entre liberdade condicional e ICE documentada en correos
De mayo a julio de 2026, más de 140 correos electrónicos intercambiados entre el departamento de libertad condicional y la oficina de ICE en Boise reflejan cómo se coordinan para compartir información. En esos mensajes, oficiales detallan citas y movimientos de personas bajo supervisión, e incluso proporcionan datos personales como direcciones y características de vehículos.
Lista incluye personas con estatus legal y preocupación por privacidad
El listado se creó basándose en la información de lugar de nacimiento que reportan las personas al ingresar a los servicios de libertad condicional, sin que se confirme la ilegalidad de su estatus migratorio. Esto preocupa a abogados de inmigración, quienes señalan que podría conducir a detenciones injustas de personas que residen legalmente en el país, como ciudadanos naturalizados o residentes permanentes.
Respuesta oficial y antecedentes del condado
Jeff Breach, director del departamento de libertad condicional de delito menor del condado, justificó la colaboración, afirmando que la verificación del estatus corresponde a autoridades federales. También indicó que la cooperación con ICE data desde administraciones anteriores, incluyendo la de Obama. Sin embargo, la preocupación persiste dada la experiencia pasada donde la oficina local notificó erróneamente a inmigración sobre personas que luego resultaron ser ciudadanos estadounidenses.
Implicaciones legales y críticas a la práctica
Abogados destacan que algunas personas con estatus legal pueden ser sujetas a deportación dependiendo de antecedentes penales, pero que el proceso debe ser exhaustivo y justo. Esta práctica pone en entredicho la privacidad y seguridad de los supervisados, además de aumentar el riesgo de detenciones erróneas.
