Acciones contra la Corte Penal Internacional
El 13 de julio, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció que la administración Trump emprendería acciones para «desmantelar» la Corte Penal Internacional (CPI) y demostrar la firme determinación estadounidense frente a este tribunal extranjero.
Estas medidas incluyen presionar diplomáticamente a países aliados que colaboran en seguridad y disfrutan protección militar de Estados Unidos para que rechacen la autoridad de la CPI, imponer sanciones económicas, prohibir visas a personal del tribunal y vetar el uso de propiedades de Naciones Unidas en Nueva York para actividades del organismo.
Defensa de la soberanía estadounidense
El senador Mike Lee, defensor de estas posturas, destaca que la CPI busca ejercer poder por encima del gobierno de Estados Unidos y que permitirlo representaría una pérdida grave de soberanía. Señala que la Constitución estadounidense es la única ley que debe regir a los ciudadanos y funcionarios estadounidenses.
Lee enfatiza que la CPI no fue ratificada por Estados Unidos y que ninguna administración presidencial anterior, desde Clinton hasta Obama, cedió poder a este tribunal. Sin embargo, critica que no se hayan tomado anteriormente acciones contundentes para limitar las capacidades del tribunal de intervenir en asuntos nacionales.
Implicaciones para ciudadanos y militares
El riesgo identificado es que la CPI pueda iniciar procesos legales contra estadounidenses, incluidos militares y funcionarios públicos, por decisiones tomadas en cumplimiento del interés nacional. La administración Trump busca evitar que líderes electos enfrenten amenazas legales en tribunales internacionales sin responsabilidad directa ante ciudadanos estadounidenses.
La postura reafirma que ninguna entidad global no elegida puede sobrepasar la autoridad de EE. UU. ni limitar su derecho a gobernarse según su Constitución y leyes internas.
