El Parlamento de Nicaragua, dominado por el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció una reforma constitucional que eliminará las elecciones en el país, asegurando su permanencia en el poder. La medida se dio a conocer este martes y responde a la declaración de Ortega de que no habrá más procesos electorales.
Control absoluto del Gobierno
Las reformas establecen que Nicaragua garantizará su «paz, seguridad y estabilidad» mediante la supresión de las elecciones. Ortega y Murillo, que ocupa el cargo de «copresidente» tras modificaciones constitucionales en 2025, buscan así impedir que la oposición pueda disputar el gobierno.
Estos cambios incluyen extender el mandato presidencial de cinco a seis años y subordinar a la presidencia las ramas legislativa, judicial y electoral, consolidando un control casi total sobre las instituciones estatales, incluyendo las fuerzas armadas y la policía.
Reacción internacional ante la abolición electoral
La decisión ha sido condenada por gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la declaración de Ortega como una evidencia clara de su régimen autoritario y afirmó que el pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus líderes de manera democrática.
Expertos en derechos humanos de la ONU manifestaron que las reformas profundizan la erosión de las libertades fundamentales y suponen un retroceso en el estado de derecho. Varias organizaciones han denunciado que la administración Ortega-Murillo ha reprimido a opositores mediante encarcelamientos, exilios y la anulación de partidos políticos.
Contexto político y consecuencias
Ortega ha dirigido Nicaragua desde hace más de una década y recientemente extendió su mandato hasta 2028. Estas reformas cancelan efectivamente las próximas elecciones previstas para noviembre de 2027. En 2018, una violenta represión de protestas dejó más de 300 muertos según organismos internacionales.
La comunidad internacional continúa observando de cerca la evolución en Nicaragua, mientras Ortega afianza su modelo autoritario y restringe cada vez más las opciones políticas para la ciudadanía.
