Teresa, una mujer madrileña de 85 años con dependencia reconocida, permanece enclaustrada en su vivienda desde julio de 2025. Aunque la comunidad instaló un ascensor en mayo de 2025, su uso está bloqueado por irregularidades administrativas.
Situación de aislamiento por falta de accesibilidad
El elevador, aunque construido, sigue inoperativo porque la empresa encargada no presentó la documentación necesaria para el proyecto de pocería. Esta situación ha dejado a Teresa sin poder subir ni bajar por las escaleras de manera autónoma.
Su movilidad dentro del hogar solo es posible con ayuda o usando un andador, con el que tarda hasta media hora en llegar al baño. Su hija, Maite, es su cuidadora principal, asistiendo en las actividades diarias como vestirla y asearla.
Impacto en la calidad de vida y riesgos
Desde que no puede salir por sí misma, Teresa solo abandona su casa para citas médicas, generalmente con ayuda de emergencias. Una caída reciente agravó la situación al sufrir golpes durante el traslado por las escaleras.
Este caso es un reflejo de un problema generalizado. Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cerca de 100,000 personas en España enfrentan barreras similares por falta de accesibilidad.
Propuestas para mejorar accesibilidad y evitar confinamientos
El presidente de CERMI llama esta realidad “crimen social” y apunta a la ley actual de propiedad horizontal como obstáculo clave. La norma exige mayoría de propietarios para obras costosas, impidiendo intervenciones necesarias para mayores y discapacitados.
Desde la organización se pide eliminar este límite y promover mayor financiación pública y eficiencia en los trámites para que infraestructuras ya construidas puedan usarse sin demora.
Esperanza y deseos de Teresa
Teresa anhela poder volver a sentir el sol en su piel y pasear por su barrio, actividades que no realiza desde hace más de un año. Por ahora, sigue a la espera de que el ascensor pueda funcionar y devolverle autonomía y contacto con el exterior.
