Un juez federal en Nueva York dictaminó que las órdenes de monjas no estarán obligadas a cumplir con la ley estatal que exige recomendar el suicidio asistido a pacientes terminales, mientras el caso judicial sigue su curso.
Demanda contra la ley de suicidio asistido por objeción religiosa
Cuatro órdenes católicas y diversas entidades de atención médica interpusieron en junio una demanda contra la legislación local, la cual consideran una violación grave a sus creencias religiosas porque les exigiría ayudar a enfermos terminales a acabar con su vida.
Detalles de la ley y sanciones previstas
La nueva norma, cuya aplicación estaba programada para el 5 de agosto, obligaría a los proveedores de salud a informar a sus pacientes sobre la opción de suicidio asistido, facilitar los requisitos para que los pacientes obtengan los medicamentos letales y derivarlos a otros profesionales dispuestos a prescribirlos.
El incumplimiento podría acarrear multas significativas, revocación de licencias o incluso penas de cárcel. Sin embargo, una ley federal prohíbe esta discriminación contra quienes objeten al suicidio asistido, norma que se considera infringida por el estado de Nueva York.
Reacciones de líderes católicos y comunidades afectadas
La priora general de las Hermanas Carmelitas para Ancianos manifestó agradecimiento por la suspensión temporal: «Las familias confían en nosotros porque saben que ofrecemos cuidado digno y fiel hasta el final».
Asimismo, la hermana Justyna Owsiejko afirmó que los residentes pueden sentirse seguros de que el suicidio asistido no será impuesto en sus hogares.
El obispo John O. Barres resaltó que esta decisión representa un paso crucial para proteger la libertad religiosa y reiteró el compromiso de sus ministerios de atender a los pacientes conforme al Evangelio, defendiendo la sacralidad de la vida hasta su término natural.
