Joyce Thomas, una enfermera jubilada británica de 78 años, vive en Suecia desde hace más de dos décadas. Tras el fallecimiento de su esposo en 2023, afronta ahora un proceso de deportación luego de que las autoridades suecas le exigieran abandonar el país por no haber solicitado su residencia tras el Brexit dentro del plazo establecido.
Solicitud de residencia fuera de plazo
La Agencia de Migración de Suecia confirmó a Thomas en noviembre de 2025 que debía salir en cuatro semanas, al considerar que su solicitud enviada en 2024 llegó demasiado tarde y no cumplía con los criterios de «motivos razonables» que permiten presentar fuera de plazo. Según la afectada, desconocía la necesidad de realizar el trámite hasta un viaje a Reino Unido en 2022, pues su esposo solía encargarse de los asuntos burocráticos.
Rechazo reiterado y tasa superior al promedio europeo
La apelación de Joyce fue denegada también bajo las leyes generales de extranjería suecas. Según un análisis del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Suecia tiene una tasa de rechazo del 27,5% para ciudadanos británicos comparada con menos del 4% en otros países de la UE, una situación que ha provocado críticas por su dureza.
Apoyo político y humanitario
El exsecretario de Comercio Peter Kyle ha pedido que se considere la situación especial de Joyce, tomando en cuenta sus años viviendo en Suecia, su entorno familiar y factores humanitarios. Además, un amigo médico de la familia cuestiona la proporcionalidad de la medida, subrayando que la mujer ha cumplido con sus obligaciones y llevado una vida regular sin antecedentes.
Un caso que refleja la complejidad post-Brexit
El caso de Joyce es uno de los aproximadamente 2.500 británicos que enfrentan situaciones similares en Suecia tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La aplicación rigurosa de las nuevas reglas ha generado preocupación entre activistas y organismos oficiales por el impacto en personas con raíces y lazos familiares en estos países.
