Universidad de Washington indemniza a profesor con 600 mil dólares por sanción relacionada con parodia de declaración de tierras

Resolución tras conflicto por parodia en declaración de tierras

La Universidad de Washington acordó pagar 600 mil dólares al profesor Stuart Reges después de sancionarlo por parodiar una declaración de tierras en el programa de su clase. La controversia comenzó cuando Reges sustituyó la declaración oficial por una versión satírica cuestionando la propiedad histórica basada en la teoría del trabajo.

Detalles del caso y reacción institucional

En 2020, la universidad incentivó a los docentes incluir en sus syllabus una declaración que reconoce a los pueblos indígenas como habitantes originales del territorio. Sin embargo, en enero de 2022 Reges escribió que, según la teoría laborista de la propiedad, los pueblos Coast Salish podían reclamar históricamente muy poca tierra que ahora ocupa la universidad.

La institución respondió censurando la declaración de Reges y habilitando una clase alternativa para no tomar materias con él. Además abrió una investigación bajo la política antiharassment que duró casi un año.

Fundación por derechos y libertad de expresión respalda al profesor

La organización Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) defendió al profesor y celebró una sentencia favorable del Tribunal del Noveno Circuito, que ayudó a lograr el acuerdo. FIRE destacó la importancia de respetar la libertad de expresión en universidades públicas para fomentar un pensamiento crítico diversificado.

Importancia para la literatura académica y el debate ideológico

Reges enfatizó que su protesta pretende frenar la uniformidad ideológica en el ámbito académico y promover tolerancia al desacuerdo. Un abogado de FIRE destacó que la libertad para cuestionar o incluso parodiar temas sensibles es esencial para el proceso educativo.

Respuesta oficial de la Universidad de Washington

La universidad aclaró que el acuerdo no implica reconocer errores, sino que fue una decisión pragmática tras la sentencia del tribunal y los costes legales involucrados. El profesor mantiene su cargo y continúa enseñando sin cambios en su estatus laboral.


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