Demanda contra el Distrito Escolar de los Chathams
El Distrito Escolar de los Chathams en Nueva Jersey enfrenta una demanda presentada el 24 de agosto de 2026 por una política que permite a los estudiantes cambiar su nombre y género en los registros escolares sin notificar a sus padres. Según la normativa, la decisión sobre el grado de participación parental recae en el consejero escolar.
Conflicto con fallos judiciales recientes
Esta política contradice una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en marzo de 2026, en el caso Mirabelli contra Bonta, que emitió una orden judicial contra California para proteger el derecho de los padres a ser informados sobre las identidades de género de sus hijos. Christopher Ferrara, abogado de la Thomas More Society que lleva el caso, señaló que los padres tienen derecho legal a cuestionar políticas que ocultan la transición de género de los estudiantes.
Preocupaciones por derechos y privacidad
Según la demanda, también se alega que el distrito viola los derechos a la libertad de expresión y religiosa, además de la cláusula de debido proceso de la 14ª Enmienda. Entre los demandantes están la organización Moms for Liberty y dos padres con hijas en educación primaria. La política permitiría además que estudiantes se nieguen a usar pronombres preferidos sin asumir medidas disciplinarias severas, según denunció la fundadora de Moms for Liberty, Tina Descovich.
Reacciones y contexto legal en Nueva Jersey
La presidenta de la junta escolar, Ann Ciccarelli, afirmó en junio que el distrito sigue la guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey, emitida en 2018, y no se siente obligada por la decisión Mirabelli. Sin embargo, funcionarios estatales reconocen que esa guía no es vinculante y puede infringir derechos constitucionales, agregó Descovich.
Impacto y controversias
Ferrara aseguró que los padres que se oponen a la política han recibido amenazas y hostigamiento, incluyendo vigilancia policial en hogares. La disputa se centra en la protección de derechos parentales frente a políticas escolares que según los demandantes omiten su consentimiento en decisiones importantes sobre la identidad de género de sus hijos.
