El presidente Donald Trump firmó un memorando presidencial que permite a empresas privadas de Estados Unidos colaborar con el gobierno para operar contra grupos criminales extranjeros dedicados a delitos cibernéticos. Esta medida busca atacar desde la fuente las organizaciones que cometen fraudes, ransomware y otras actividades ilegales en línea que afectan a ciudadanos e intereses estadounidenses.
Alcance y modalidades de las operaciones autorizadas
El programa contempla dos tipos de operaciones. Por un lado, las compañías podrán realizar vigilancia cibernética, accediendo de manera confidencial a sistemas informáticos para obtener inteligencia. Por otro, con autorización federal, podrán ejecutar acciones que afecten, interrumpan o incluso destruyan infraestructura digital controlada por dichas organizaciones criminales.
Supervisión y requisitos para las empresas participantes
Las entidades que deseen participar deben ser aprobadas y contratadas por el Departamento de Justicia o de Seguridad Nacional. Cada operación requerirá revisión y autorización escrita antes de su ejecución, asegurando un control estricto. Además, las firmas deberán cumplir con criterios de capacidad técnica, seguridad y confiabilidad, y podrían necesitar garantizar un fondo de al menos un millón de dólares para respaldar su cumplimiento contractual.
Definición y límites de los objetivos
Los objetivos de estas intervenciones son organizaciones criminales transnacionales que operan con medios cibernéticos contra Estados Unidos. No se incluyen grupos gubernamentales extranjeros. Si una operación afecta a un ciudadano estadounidense o sistemas localizados en Estados Unidos por accidente, debe cesar inmediatamente y notificarse a las autoridades federales.
Perspectivas y desafíos
Esta estrategia representa un esfuerzo para intensificar la lucha contra el creciente problema del cibercrimen externo, que el FBI reportó en 2025 causó pérdidas por más de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, el éxito y la transparencia del programa dependerán de las normas finales que regulen su ejecución y del riguroso control federal sobre las operaciones.
Por ahora, la iniciativa se encuentra en fase de desarrollo reglamentario, y Estados Unidos da un paso adelante para involucrar al sector privado en la defensa nacional contra amenazas digitales.
