En Middle Creek Elementary School, en Wake County, Carolina del Norte, un grupo de padres protagoniza una disputa con el distrito escolar. Reclaman no haber sido avisados previamente sobre la identidad de género de la maestra a cargo de una clase de música y solicitan que se les ofrezcan alternativas para sus hijos que contradigan sus creencias religiosas o personales.
Padres piden opción de exclusión sin dejar escuela pública
Los progenitores dijeron que sus hijos han regresado a casa confundidos y molestos tras las clases. Afirman que sus solicitudes para recibir alternativas educativas han sido desestimadas o ignoradas por el consejo escolar, por lo que exigieron un derecho explícito para excluir a sus niños de esa asignatura sin que deban abandonar la educación pública.
Debate polarizado en reunión del consejo escolar
La controversia se intensificó en la reunión del consejo de educación de Wake County, en la que las posturas estuvieron divididas. Algunos defensores de las familias objetoras consideran que requerir adaptaciones por motivos religiosos es un derecho parental, mientras que otros califican estas peticiones como discriminación hacia la maestra por su identidad.
Uno de los padres, Aaron Driver, con tres hijos en la escuela, denunció durante el encuentro que quienes critican a las familias sugieren que el camino para ellas es la educación en casa o la escuela privada, a pesar de contribuir con impuestos para el sistema público.
Respuesta que agrava la tensión entre partes
Otra participante en la reunión propuso un programa gratuito de educación en casa para mantener alejados a quienes llamó «bigots» (intolerantes) de sus nietos. Además, sugirió trasladar o expulsar a los hijos de familias que se oponen a la maestra transgénero, lo que avivó aún más el debate.
Antecedentes y posiciones legislativas
Desde julio, la representante estatal Erin Paré levantó la voz advirtiendo que ciertas familias se sienten vulnerables ante la presencia de maestros transgénero. Incluso se mencionó la posible promulgación de una ley estatal para exigir un código de vestimenta basado en el sexo para el personal escolar. Sin embargo, los padres involucrados enfatizan que su solicitud se limita a recibir aviso previo y alternativas, no a atacar a la maestra directamente.
Los reclamos de las familias apuntan a preservar la libertad de educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias sin que tengan que dejar la educación pública.
