Una legislación que restringe la cooperación entre agencias policiales de Maine y las autoridades federales de inmigración entró en vigor el miércoles. La normativa limita que cuerpos estatales y locales colaboren con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en acciones de inmigración civil.
Prohibiciones clave para agencias locales
La nueva ley impide que las agencias policiales soliciten a ICE o la Patrulla Fronteriza servicios de traducción para personas que no hablan inglés. Además, prohíbe entregar información personal para la aplicación de la ley civil migratoria, salvo en investigaciones criminales o ciertos intercambios legales autorizados.
También restringe que las prisiones y estaciones policiales detengan personas únicamente por órdenes civiles de inmigración. No podrán informar a ICE sobre fechas de liberación de detenidos ni cumplir solicitudes civiles de detención, con excepciones por delitos graves, órdenes judiciales vigentes o riesgos para la seguridad pública.
Limitaciones en acceso a instalaciones y datos personales
Junto con las medidas de policía, entraron en vigor disposiciones que prohíben el ingreso voluntario de oficiales de inmigración a áreas no públicas en escuelas, universidades públicas, bibliotecas, centros de salud y cuidado infantil, salvo con orden judicial. También se restringió a los propietarios la divulgación de información personal sobre inquilinos, incluyendo estado migratorio, salvo en casos legales o de emergencia.
Reacciones y contexto local
Varios municipios en Maine, como Portland y Lewiston, ya habían adoptado regulaciones similares para limitar la cooperación policial con ICE y la Patrulla Fronteriza. La Policía Estatal de Maine anunció en diciembre que acataría estas restricciones incluso antes de su entrada en vigor.
Defensores de derechos de inmigrantes consideran que estas leyes mejoran la confianza comunitaria y promueven la seguridad pública sin importar el estatus migratorio. Organizaciones como la ACLU de Maine han señalado que la mayoría de personas entregadas a ICE por la policía local estaban en procesos legales y sin antecedentes criminales.
